El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), realizaron el foro “Órdenes de protección como mecanismo de garantía a la seguridad e integridad de las mujeres”, con el objetivo de tener un panorama sobre el funcionamiento de este mecanismo, compartir buenas prácticas, dar a conocer las responsabilidades de las y los operadores de justicia en la emisión de las órdenes de protección y compartir cómo se da seguimiento a casos de violencia contra las mujeres.Ante las y los operadores de justicia y titulares de las Unidades de Igualdad de Género de los Poderes Judiciales de 24 entidades federativas, la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann urgió a estrechar la coordinación interinstitucional para derribar los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia.Recordó que de 100 mujeres que experimentaron violencia por parte de su pareja actual o última, sólo seis presentaron denuncia; además, entre 2013 y 2018, sólo 18 por ciento de casos de violación llegaron a un tribunal para ser atendidos, pero sólo un tercio de los agresores fue procesado y sentenciado. Agregó que de más de un millón de casos de violencia contra las mujeres, se emitieron poco más de 147 mil órdenes de protección, es decir, sólo 13.6 órdenes por cada 100 casos registrados. “Esta cifra es un indicador importante de los retos para garantizar la justicia a las mujeres,” destacó Gasman.Gasman Zylbermann reconoció el trabajo de la Conatrib y reiteró que “el acceso a la justicia y la sanción es probablemente uno de los mejores mecanismos de prevención de la violencia contra las mujeres, porque da un mensaje inequívoco de lo que la sociedad piensa y hace en relación con este que es el segundo delito más extendido en el país. En la medida en que vayamos garantizándoles a las mujeres el acceso a la justicia van a aumentar las denuncias, la confianza, las sentencias y con eso vamos a prevenir la violencia que al final es lo que más queremos”.En su turno, el magistrado presidente de la Conatrib, Rafael Guerra Álvarez, señaló que con compromiso se impulsan procesos de formación y actualización continua para que las y los jueces puedan replicar dichos conocimientos en su actuación, se fomenten las buenas prácticas que favorezcan el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres dejando precedentes y jurisprudencias que permitan tener otra visión de justicia.“Estamos comprometidos con las mujeres, por eso hemos impulsado procesos de formación y actualización continua. Nos encontramos trabajando de manera conjunta con el Instituto nacional de las mujeres, acordando estrategias para garantizar el acceso a la justicia para quienes acuden a los tribunales, consistentes en acelerar los procesos judiciales y fortalecer las órdenes de protección como un mecanismo eficaz e integral para la protección de mujeres que viven en situación de violencia”, indicó.En tanto, el magistrado titular de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Conatrib y magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila Miguel Felipe Mery Ayup, aseguró que la reforma de marzo de 2021 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de órdenes de protección, abrió la puerta a fortalecer los juzgados especializados en violencia contra la mujer.Destacó que en Coahuila este tipo de órganos jurisdiccionales permiten emitir un mayor número de órdenes de protección en Coahuila, al pasar de 800 en un periodo inicial de cinco años a 2 mil 891 tan sólo en 2021. Además, en 2019 sólo se registraron mil 050 denuncias por violencia familiar y en 2021 llegaron a 2 mil 700 denuncias.Destacó que el objetivo de los juzgados especializados en violencia familiar es que las mujeres obtengan de un mismo juez: protección para su seguridad y la de sus hijas e hijos; la guardia y custodia y los alimentos provisionales. “Estos modelos son discutidos y analizados permanentemente en la Conatrib y se construye un modelo que recupere buenas prácticas como las de Chihuahua, Estado de México o Guerrero para impulsar la concreción de las recomendaciones de la Convención de Belém do Pará”, resaltó, Mery Ayup.Por su parte, la titular de la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, resaltó que las órdenes de protección contribuyen a enfrentar los retos que tienen las comisiones estatales de atención a víctimas y un gran avance es que las órdenes de protección están homologadas conforme a las necesidades del Código Nacional de Procedimientos Penales.Finalmente, la magistrada de la Sala Superior y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del TFJZ, Zulema Mosri Gutiérrez, destacó: “Tenemos que impulsar permanentemente la promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres; la formación y capacitación en materia de perspectiva de género y derechos humanos; las órdenes de protección son parte de las medidas que se tienen que tomar en cuenta al momento de juzgar con perspectiva de género”.