De publicar el Ejecutivo Federal la NOM 237 como fue creada por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, sería dar un duro golpe a la educación de calidad en el país, afectaría la libertad de los padres de familia de optar por una alternativa para sus hijos y provocaría una mayor demanda de espacios en el sistema público, además de que se convertiría en una presión más para que el Estado Mexicano pueda cumplir con su obligación educativa, sobre todo en estos momentos cuando le sería realmente imposible atender a quienes deserten de las escuelas particulares por la crisis provocada por la pandemia, revelaron los representantes de estas últimas.

Por su parte, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en voz de su presidente Luis Arturo Solís Bravo, destacó que la puesta en ejecución de la NOM 237 “es muy preocupante porque atenta contra la escuela particular en todo el país”, sobre todo porque “la Secretaría de Economía (SE) está actuando en beneficio de un tercero, aquellos que van a evaluar la Norma, porque no lo va a hacer el personal ni la infraestructura de la SE, sino un tercero que va a evaluar a un tercero y el gasto operativo lo va a tener que absorber el padre de familia”.

Desde el instante mismo de la publicación de la NOM 237 en el caso de que se hiciera, en cifras mucho muy conservadoras, por lo menos 18 mil escuelas particulares que formamos parte del Sistema Nacional de Educación, estaríamos en una gran desventaja porque no podríamos, no sólo cubrir los costos que la nueva norma nos obligaría; tampoco podríamos defendernos de esta decisión mediante un juicio de amparo por los altos precios que tomar una decisión de judicializar nuestro reclamo, significa, si tomamos en cuenta que las escuelas mayormente afectadas son instituciones pequeñas, que atienden zonas de bajo poder adquisitivo, con un promedio de 35 alumnos, sobre todo de educación básica, dijeron en un comunicado leído por José Rogelio Varela Cáñez, presidente de la Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora (FEP – Norte de Sonora).

Si tomamos como referencia 18 mil escuelas con un promedio mínimo de 35 alumnos –expresó el representante de los colegios en peligro–, la cantidad de niños y adolescentes que se quedarían sin poder continuar con sus estudios sería de 630 mil. Si a ellos se les cobra un promedio de 1,200 pesos mensuales, las instituciones particulares dejarían de recibir al año 9 mil 72 millones de pesos, lo que implicará el cierre del empleo para 54 mil docentes al computar a 3 por escuela, más el director o directora, una persona de intendencia y un empleo

indirecto de contador, tienda escolar u otro servicio, tomado en ½ empleo, lo que nos daría la cifra de 99 mil empleos afectados.

Expresó también que si se realiza un promedio de 7 mil pesos de salario por empleo, la nómina anual de estas 18 mil escuelas que se perdería suma 8 mil 316 millones de pesos. Además, los gobiernos estatales dejarían de recaudar 207 millones 900 mil pesos por concepto de impuesto sobre nómina y otros accesorios; el Gobierno Federal dejaría de percibir 277 millones 992 pesos de Impuesto Sobre la Renta de los empleos, mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social dejaría de contar con mil 771 millones 729 mil 740 pesos. A su vez, el Infonavit dejaría de recibir 415 millones 800 mil pesos, destacaron.

Estas sumas implican un impacto anual en contribuciones de 2 mil 465 millones 521 mil 740 pesos, que se sumarían al millón 575 mil alumnos dejarían de percibir sus becas de 40 por ciento que ofrecen las escuelas particulares a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, consideran que, de acuerdo con el impacto posterior, estas cifras se podrían extrapolar hasta un ciento por ciento más porque el perjuicio crecerá poco a poco.

Los representantes de las escuelas de educación particular consideran que quienes están al frente de la decisión por publicar la NOM 237 no velan por el bien común, sino por el bien de algunas empresas certificadoras y evaluadoras que asistieron a las mesas de trabajo, donde contrario a nuestras argumentaciones, siempre estuvieron apoyando la creación de la NOM, pese a su carácter inconstitucional, como fueron las empresas IT Lawyers y CEIDIC.

Itzel Carmona, representante de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), insistió en que procedimentalmente todavía se puede cancelar la Norma 237 y evitaría que las escuelas recurrieran al amparo. “No hay materia para la NOM. Es una insistencia desde la Dirección de Normas”, expuso.

En su oportunidad, Jesús Nájera Martínez dio a conocer que en los países exitosos en educación invierten 580 dólares mensuales en educación, pero México es de los que menos invierte: 120 dólares por mes; en cambio los particulares en nuestro país invierten 340 dólares por mes.

Agregó que como hemos dicho en ruedas de prensa anteriores, con esta NOM pretenden vulnerar las finanzas de las instituciones particulares incrementando sus costos administrativos con supuestas certificaciones de “cómo se supone deben promover sus servicios”; convertirles en instituciones de crédito sin la capacidad de fondos, ni las facultades para hacerlo, obligándolas a otorgar un plazo de hasta 3 meses y 15 días de gracia a las colegiaturas para cualquier padre

de familia, que simplemente lo solicite o lo haga de facto; y, además, pretenden regular cuándo y cuánto pueden cobrar o incrementar las colegiaturas para mantener la operación de la escuela.

Itzel Carmona aseguró que la pretensión de la Secretaría de Economía es replicar la NOM 237 para cada nivel y tipo de educación que hay en el país, entre ellos para quien dan clases de cocina, de maquillaje, de artes marciales, de educación para el trabajo y todas y cada una de los centros donde hay enseñanza de cualquier tipo.

Finalmente, Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) expresó que “no puede existir educación de primera y educación de segunda” y lo que esta norma realizaría en el caso de publicarla, sería profundizar precisamente esas diferencias. “Esto pone en total desventaja a la escuela del gobierno, y pone en desigualdad a los millones de alumnos que en ella reciben educación. Los números que tenemos de las llamadas escuelas oficiales son lamentables: tienen muchas deficiencias, insuficiente infraestructura, carecen de internet y muchas no tienen ni agua potable”, expresó.