Al puro estilo de José López Portillo – cuando dijo que iba a “defender el peso como perro”—el Consejo Coordinador Empresarial llamó a mantener la misma actitud para defender la supremacía de la Constitución y respetar la Carta Magna ante cualquier reforma legal que se promueva, particularmente aquellas que impacten a las instituciones democráticas del país.

Los “cupulelros” exhortaron al Poder Legislativo a reconsiderar el contenido del artículo transitorio que amplía la duración de los cargos en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que es violatorio del Artículo 97 de la Constitución. La labor del Poder Judicial es un eslabón crucial para garantizar un Estado de Derecho en favor de todos los mexicanos, por lo que es relevante garantizar su autonomía y fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones nacionales. Bueno, eso se lo debieron haber dicho al Jefe del Ejecutivo y al Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, quienes son los autores de dicha propuesta, la cual hicieron sin decir “agua va”, pero seguros de que el agraciado presidente de la “tremenda Corte”, perdón, del máximo tribunal de justicia del país, no iba a decir ni pío, porque, dicen los malosos, lo tienen agarrado de ya saben dónde.

En sus argumentos, el CCE señala que, en un estado constitucional de derecho, el diseño de los principales cargos en los poderes públicos no debe modificarse respondiendo a cualidades personales ni a coyunturas específicas. (Se les olvida que el presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que vivimos en un “estado de chueco”, no de derecho).  Sugieren los “cupuleros” que una ampliación del periodo o cualquier modificación en este tipo de cargos debería tener efectos a partir de la próxima designación, sin aplicar para la responsabilidad actual.  ¡Discúlpalos, Señor! No saben que la nueva máxima de la 4T es “Aquí nada más mis chicharrones truenan”, apuntan los observadores. 

Ya encarrerados, los integrantes del CCE señalan  que el precedente que dejaría la ampliación de cargos que se impulsa es negativo para el sistema democrático, ya que si pueden extenderse los cargos públicos cuya designación está definida en el marco constitucional y legal, sin previa modificación de dicho marco y a través de un artículo transitorio, abriría la puerta a intentos de modificación de periodos y responsabilidades, establecidos en la Constitución, de los encargos de otros funcionarios de poderes y órganos autónomos tanto a nivel federal como local.

Parece que a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial se les olvidó aquella expresión repetida hasta el cansancio por el tres veces candidato a la Presidencia de la República: ¡Al diablo las instituciones!