Desde el año 2019, se inició una investigación por un pago indebido por 5 mil 088 millones de pesos, por una supuesta indemnización viciada a través de la sobrevaluación de daños y perjuicios de un contrato establecido en 2014, con el INFONAVIT.

En febrero de 2020, los señores Max “E” y André “E”, a través de su abogado devolvieron al erario público 2 mil millones de pesos que la Fiscalía General de la República depositó en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; y, cuando el INFONAVIT demostró sus derechos sobre tal cantidad, en abril de 2021 le fueron incorporados al patrimonio de esa institución.

Por lo que hace al resto de los 3 mil millones de pesos, se solicitó orden de aprehensión en contra de Rafael “Z”, Teófilo “Z”, Elías “Z”, Omar “C” y Alejandro “C”. El 25 de diciembre de 2020, el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal en Almoloya de Juárez giró orden de aprehensión en contra de las personas señaladas. El 5 de enero de 2021, la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Omar “C” y Alejandro “C”. El 10 de enero de ese mismo año, ambas personas fueron vinculadas a proceso.

El 29 de abril de 2021, la Fiscalía ejecutó orden de aprehensión en contra de Teófilo “Z” quien, el 01 de mayo de ese año, quedó vinculado a proceso; y el 11 noviembre de 2021, la autoridad judicial confirmó el auto de vinculación correspondiente.

El 13 julio de 2021, el Juez Segundo de Amparo resolvió proteger a Rafael “Z” y Elías “Z”, para el efecto de que se les libraran nuevos ordenamientos; lo cual se cumplió, obteniendo nuevas órdenes de aprehensión en contra de ambos. Posteriormente, el Segundo Tribunal Colegiado Penal del Segundo Circuito le ordenó al Juez de Control dejar insubsistentes dichas órdenes de aprehensión. El 29 de junio de 2022, la Fiscalía General de la República logró controvertir dicho acuerdo judicial, obteniendo nuevamente, por tercera ocasión, las órdenes de aprehensión respectivas.

Por lo que toca a Alejandro “C”, solicitó y obtuvo criterio de oportunidad para suspender el proceso penal, lo cual se encuentra en trámite; y, en el caso de Omar “C”, su petición de criterio de oportunidad, igualmente se encuentra en trámite ante la autoridad judicial, que será la que determine lo procedente.