El presupuesto 2020 orienta apoyos directos a favor de pequeños y medianos productores, concentrados en pocos programas; la nueva política rural es para todos, pero privilegia a los pobres, expuso el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, durante su participación en el Foro Global Agroalimentario.
En el pasado, el recurso público estuvo divorciado de los indicadores sectoriales; creció el recurso pero el ingreso medio rural y la productividad se estancaron, al tiempo que creció la dependencia de importaciones de cultivos básico, señaló.

El Gobierno de México aspira a rescatar al campo con una nueva política orientada a la autosuficiencia alimentaria, y la propuesta de presupuesto rural 2020 así lo expresa: establece apoyos directos, con bajo costo operativo y menos tramitología, concentrados en pocos programas claves y a favor de pequeños y medianos productores (como son Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, Canasta Básica, Fertilizantes, Crédito Ganadero y otros), afirmó el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Suárez Carrera.

A esto, agregó, se suman mecanismos de integración financiera, económica y social de la población rural, vía el acceso global a internet y los 13 mil 512 Centros Integrales de Bienestar que la Secretaría de Bienestar ha comenzado a establecer a lo largo y ancho del país, los cuales serán ventanilla única para la población de las localidades y contarán con cajeros automáticos.

Al participar en el Foro Global Agroalimentario, organizado por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el funcionario federal ratificó que la política sectorial está dirigida a todos los productores, pero con prioridad a los más pobres, quienes fueron despreciados durante los gobiernos neoliberales.

El subsecretario evidenció con gráficas que abarcan de 2003 a 2018 cómo el presupuesto rural estuvo divorciado e incluso fue contradictorio con los indicadores económicos y sociales del sector.

Expuso que en los periodos en que el presupuesto fue más alto, la balanza comercial agropecuaria fue cada vez más deficitaria; los rendimientos de los cultivos básicos se mantuvieron inamovibles; la dependencia de importaciones de básicos se profundizó; el ingreso medio rural se congeló: fue de mil 995 pesos mensuales, en 2002 , y de dos mil pesos en 2018, además de que solo 14.5 por ciento de los trabajadores rurales recibieron más de dos salarios mínimos, 54 por ciento recibieron hasta dos salarios mínimos y 25 por ciento no percibió ingresos. Además, acotó, hubo un abandono del mercado interno, y eso hoy se quiere revertir.

“¿Por qué hay voces que insisten en pedir aumento de presupuesto, tan solo por pedir aumento, cuando vemos que las fórmulas del pasado no funcionaron?”, preguntó e invitó a reflexionar de manera seria y crítica sobre lo que está planteando la Cuarta Transformación.

“Con los apoyos directos –que dan prioridad a los pobres, reconociéndoles sus derechos y ciudadanía, que implican transparencia, con censo público y sujetos a escrutinio, con rechazo a la corrupción y con certidumbre sexenal–, se está induciendo la reactivación económica desde abajo, como nunca ocurrió en el pasado. Se ha querido estigmatizar como asistencialistas esos apoyos directos pero hay evidencias de que tienen efectos sociales y productivos”, dijo Víctor Suárez.

Ejemplificó: La incorporación de más de 48 mil jóvenes aprendices, como parte del esquema de apoyo técnico de Producción para el Bienestar, representa un grado de atención que solo podría alcanzar en 40 año el extinto programa Arráigate que operó la Secretaría de Agricultura en el sexenio pasado. Asimismo, Producción para el Bienestar apoya a mujeres rurales en un grado que solo podría alcanzar en 21 años el programa El Campo en Nuestras Manos del gobierno pasado.

El funcionario hizo un llamado a “romper con el falso paradigma de que los pequeños y medianos productores carecen de potencial productivo, que no están dispuestos a innovar en procesos productivos, que no son capaces de garantizar el abasto alimentario a la población, que no se organizan. A pesar del abandono de 30 ó 35 años, estos productores generan seis de cada diez empleos contratados y familiares del sector agropecuario, proveen 40 por ciento de la oferta nacional de granos básicos, trabajan con más de 300 cultivos y son guardianes de nuestros recursos naturales”.

Recordó que siete de cada 10 unidades productivas del maíz cuentan con menos de cinco hectáreas y nueve de cada diez tiene menos de 20. Esto es, el perfil de pequeños y medianos productores es el predominante en el territorio nacional, y dado a que se ha invertido poco en sus capacidades, su potencial productivo por aprovechar es muy alto, en contraste con los productores comerciales, a quienes se han canalizado apoyos en presas, canales de riego, electrificación, apoyos a la comercialización, etcétera; éstos tienen todavía margen de mejorar su potencial productivo pero de manera más limitada. “Casi llegan a su umbral”, anotó.

Víctor Suárez señaló que el presupuesto federal rural en los 35 años pasados fue ineficiente por diversas razones: el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) contenía 150 programas, esto es era altamente disperso, y los productores en su gran mayoría recibían cuando mucho el apoyo de dos programas, lo cual evidencia que había captura y concentración de recursos en pocas manos y en intermediarios. Asimismo, había un exceso de burocracia y tramitología, las reglas eran inaccesibles, “eran para posdoctorados”, y había un alto grado de corrupción, finalizó.

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