Se buscará la legitimidad en la aprobación de la legislación reglamentaria en materia de Extinción de Dominio, uno de los temas a tratar el próximo primero de julio, dijo Ricardo Monreal.

En este caso, como con la Ley de Austeridad, solo bastaría con aplicar la mayoría para sacarla adelante. Pero se apostará una vez más por el consenso en las mesas de trabajo que ya iniciaron y en las que participan las dependencias del Ejecutivo y la Fiscalía General de la República, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Monreal Ávila hizo énfasis en la importancia de lograr el acuerdo en este tema, sobre todo, después de la resolución de la Corte, al buscar asumir “posiciones de desplazamiento del Ministerio Público”, enfatizó.

“Ningún juez puede sustituir la función del Ministerio Público, si no, estaríamos dejando como letra muerta el 14 y el 21 constitucional”. afirmó.

Sin embargo, el Poder Legislativo no se va a mantener callado frente a ese tipo de circunstancias. Advirtió: ahora la Fiscalía tiene autonomía y tiene que cumplir su función de Ministerio Público, que nadie puede sustituir.

El senador de Morena señaló que aunque se trata de una resolución polémica, será respetada y revisada por el Poder Legislativo. “Vamos a subrayar el carácter de la Fiscalía General de la Nación, como un órgano de investigación de delitos y de persecución de delitos”.

Ricardo Monreal no cesará en la labor de dialogo con los demás grupos parlamentarios. “No tenemos horario, estaremos permanentemente reunidos”.

Algunos puntos a los que se refiere la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio:

· Tiene que ver con la pérdida de los derechos de propiedad y sobre los bienes en relación con hechos ilícitos.

· El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará en la información que recabe el Ministerio Público.

· La Fiscalía deberá enviar un informe anual al Congreso de la Unión o al Congreso local acerca de los procedimientos relacionados con la aplicación de la Ley.

· El juez a petición del Ministerio Público podrá ordenar el Aseuramiento de bienes, ante la amenaza o posibilidad de que los bienes se oculten, se altereno se dilapiden, así como el poder ordenar la inmovilización provisional e inmediata de fondos, activos, cuentas y demás valores e instrumentos financieros.

· La autoridad administradora competente para la administración y la enajenación de los bienes será el Instituto de Administración de Bienes Activos y también identificada como Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

· Se hacen reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley de Concursos Mercantiles y la Ley Orgánica de la Administración Pública.